LÍMITES A LA PROTECCIÓN DEL SECRETO COMERCIAL
Los Artículos 5 a 8 establecen límites, para evitar la protección “excesiva” del know how.
Por ejemplo, no cabe otorgar protección judicial, que sea contraria a la libertad de expresión o impida revelar una conducta ilícita, o impida el ejercicio de un “interés legítimo”. Esta última excepción puede ayudar, cuando se intente utilizar la Directiva, para obstaculizar a las empresas competidoras.
Esta sección incluye un límite general a las medidas judiciales aplicables. Deben ser justas … razonables … eficaces … Deben ser proporcionales al caso y evitar la creación de barreras al comercio dentro de la UE.
Finalmente, incluye un plazo de prescripción (Artículo 8). Fija un período máximo de seis (6) años de prescripción.
CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN DEL SECRETO. INDEMNIZACIÓN, PUBLICIDAD, MULTAS
Indemnización
El Artículo 14 de la Directiva establece que el infractor que actúa de mala fe, o negligentemente (“quién sabía o debería”) debe indemnizar los daños y perjuicios sufridos.
La Directiva establece criterios para calcular los daños, pero no son un numerus clausus:
– Ganancias perdidas por el infringido.
– Ganancias injustas obtenidas por el infractor.
– Daños morales.
Los daños y perjuicios se pueden calcular, como mínimo, en base a los “derechos hipotéticos” que se hubieran pagado, por usar el secreto comercial.
Publicación
La Directiva (Artículo 16) establece otro tipo de sanción: la publicación de la decisión del judicial contra el infractor. Esta no es una decisión automática. El juez debe tener en cuenta:
- Valor del secreto comercial.
- La conducta de infractor.
- Impacto del uso / revelación ilegal.
- Probabilidad de repetición.
- Imagen y reputación del infractor.
Consecuencias de no acatar las órdenes del tribunal
El Artículo 15 también prevé sanciones, si el infractor no cumple los mandamientos judiciales. Se refiere a las multas.
Sin embargo, el reclamante podría solicitar otras sanciones. Por ejemplo, estas desobediencias podrían considerarse un delito en España: desobediencia a la autoridad judicial, delito incluido en el Código Penal español.
Santiago Nadal
