LÍMITES A LA PROTECCIÓN DEL SECRETO COMERCIAL

Los Artículos 5 a 8 establecen límites, para evitar la protección “excesiva” del know how.

Por ejemplo, no cabe otorgar protección judicial, que sea contraria a la libertad de expresión o impida revelar una conducta ilícita, o impida el ejercicio de un “interés legítimo”. Esta última excepción puede ayudar, cuando se intente utilizar la Directiva, para obstaculizar a las empresas competidoras.

Esta sección incluye un límite general a las medidas judiciales aplicables. Deben ser justas … razonables … eficaces … Deben ser proporcionales al caso y evitar la creación de barreras al comercio dentro de la UE.

Finalmente, incluye un plazo de prescripción (Artículo 8). Fija un período máximo de seis (6) años de prescripción.

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CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN DEL SECRETO. INDEMNIZACIÓN, PUBLICIDAD, MULTAS 

Indemnización

El Artículo 14 de la Directiva establece que el infractor que actúa de mala fe, o negligentemente (“quién sabía o debería”) debe indemnizar los daños y perjuicios sufridos.

La Directiva establece criterios para calcular los daños, pero no son un numerus clausus:

– Ganancias perdidas por el infringido.

– Ganancias injustas obtenidas por el infractor.

– Daños morales.

Los daños y perjuicios se pueden calcular, como mínimo, en base a los “derechos hipotéticos” que se hubieran pagado, por usar el secreto comercial.

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Publicación

La Directiva (Artículo 16) establece otro tipo de sanción: la publicación de la decisión del judicial contra el infractor. Esta no es una decisión automática. El juez debe tener en cuenta:

  • Valor del secreto comercial.
  • La conducta de infractor.
  • Impacto del uso / revelación ilegal.
  • Probabilidad de repetición.
  • Imagen y reputación del infractor.

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Consecuencias de no acatar las órdenes del tribunal

El Artículo 15 también prevé sanciones, si el infractor no cumple los mandamientos judiciales. Se refiere a las multas.

Sin embargo, el reclamante podría solicitar otras sanciones. Por ejemplo, estas desobediencias podrían considerarse un delito en España: desobediencia a la autoridad judicial, delito incluido en el Código Penal español.

Santiago Nadal