El nuevo Gobierno ha suprimido el canon digital a través del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de Diciembre. Su Disposición Adicional Décima suprime la compensación equitativa por copia privada. Añade: “El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

Con la anterior Ley, la compensación por copia privada que recibían los autores, procedía del canon que se pagaba a la hora de adquirir esos productos susceptibles de grabar copias privadas: la pagaban los que compraban esos soportes. Con esta modificación, pagaremos el canon todos, con  nuestros impuestos.

Nadie parece estar contento con esta modificación. La regulación anterior era considerada injusta: recaía en todo el que compraba un suporte susceptible de grabar copias privadas, hiciera copias en realidad o no. Ahora, la situación puede ser todavía más injusta: recaerá en todos los ciudadanos, sean hackers profesionales o ancianos que no tenga ni idea de qué es un USB, un MP4 o un CD. Casi nadie de los implicados en el debate ve con buenos ojos esta modificación. Juristas, industria discográfica y editorial, autores y -por supuesto- consumidores desconfían, critican y señalan como un error la modificación.
Juristas y expertos fiscales opinan que, a falta de desarrollo reglamentario, supone una aplicación indiscriminada de la carga. Probablemente, tenga el mismo defecto del viejo canon: éste presuponía que cualquier consumidor / comprador de los aparatos gravados con canon iba a realizar copias privadas.

Ahora, el Real Decreto Ley sigue sin solucionar el problema central, para los consumidores: no establece el equilibrio necesario entre equitativa compensación y perjuicio sufrido. Convierte en usuario de prestaciones protegidas a cualquier persona, con cargo a los impuestos, con independencia del uso que haga del mecanismo de copia.

Son ya algunas voces las que reclaman una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Deberemos mantenernos a la expectativa ante los cambios que pueden producirse. De momento, esta novedad legislativa no ha apaciguado el debate: ha avivado el fuego de la polémica. El debate continua.

Santiago Nadal